La renuncia de confidencialidad del Pentágono: permiso para hablar, pero solo con PURSUE
El 14 de septiembre de 2026 el Departamento de Guerra levantó los acuerdos de confidencialidad de su personal para contar cosas de UAP. Solo las cláusulas civiles y administrativas, y solo ante su propio equipo. La ley de 2022 ya daba más.
El 14 de septiembre de 2026 el Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó una renuncia legal que permite a su personal actual y antiguo revelar información de defensa sobre UAP a representantes oficiales del equipo PURSUE. La renuncia alcanza solo a las cláusulas de ejecución civil y administrativa de los acuerdos de confidencialidad y de adoctrinamiento de programas de acceso especial, y solo para esas comunicaciones. El artículo 3373b del título 50, en vigor desde diciembre de 2022, ya ofrecía una protección más amplia, incluida la penal y la prohibición de represalias, atada al canal de AARO.
Resumen ejecutivo del expediente. Todo lo esencial antes de profundizar.
Ficha técnica
OSINT - Trazabilidad
Cinco párrafos. La nota del Departamento de Guerra de los Estados Unidos que lleva tres semanas dando la vuelta al mundo tiene cinco párrafos y se juega entera en dos adjetivos: civil and administrative. Eso es lo que se levantó el 14 de septiembre de 2026: las consecuencias civiles y administrativas de los acuerdos de confidencialidad que firmó su personal, para que pueda contar lo que sepa de fenómenos anómalos no identificados. A un sitio. Al suyo.
Me la bajé el día que salió y la he vuelto a leer esta semana, cuando media prensa del ramo la estaba resumiendo como «el Pentágono autoriza a su gente a revelar los secretos ovni». No dice eso. La distancia entre lo que dice y lo que se cuenta es la que hay entre un permiso y un embudo. Un permiso te deja hablar. Un embudo te deja hablar por donde quien te lo da ha decidido.
Lo que hace interesante este papel es lo que no lleva dentro, porque lleva cuatro años escrito en otro sitio, con más alcance, aprobado por las dos cámaras y firmado como ley. Poner un comunicado de septiembre de 2026 al lado de un artículo de diciembre de 2022 y leer los dos despacio no tiene que ver con creer o no creer. Papel contra papel, que es lo único que sé hacer.
Lo verificable, primero
El documento existe, tiene fecha y se puede leer. Se titula «Department of War Issues Legal Waiver to Authorize Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Disclosures to PURSUE», está fechado el 14 de septiembre de 2026 y se publicó en la sala de prensa del departamento. Para un script devuelve 403, que en los dominios .gov suele ser bloqueo de robots y no enlace muerto, así que trabajo sobre la copia que el Internet Archive capturó el 19 de septiembre. Es el mismo texto, con la fecha de captura encima.
La frase que lo decide todo es la segunda. Dice que la renuncia supersedes civil and administrative enforcement provisions contained within Non-Disclosure Agreements (NDAs) and Special Access Program Indoctrination Agreements (SAPIAs) previously executed within the United States, strictly for communications directed to the PURSUE team. Traducido sin adornos: deja sin efecto las cláusulas de ejecución civil y administrativa de esos acuerdos, y solo para lo que se le cuente al equipo PURSUE.
Dos cosas en una frase, y las dos son recortes. El primero es de materia: civil y administrativo. Ni una palabra del derecho penal. El segundo es de destinatario: strictly, estrictamente, para las comunicaciones dirigidas al equipo PURSUE. No a un periodista, no a un comité del Congreso, no a una conferencia, no a un pódcast de seis horas. A ellos.
El sujeto sí es ancho. La nota autoriza a «todos los militares, el personal civil y los contratistas, actuales y antiguos» del departamento que tengan o hayan tenido acceso a información de defensa relacionada con UAP a revelarla directamente a representantes oficiales de PURSUE. Y explica el porqué con una frase que vale su peso: históricamente, quien tenía conocimiento directo de estos programas alegaba miedo a la responsabilidad legal, a perder la habilitación de seguridad o a un expediente administrativo.
El memorando que llegó seis semanas antes
Seis semanas antes había llegado la pieza de arriba. El 31 de julio de 2026, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional circuló un memorando sin clasificar titulado «Preliminary Guidance for Implementation of NDA Waivers», con referencia ES 2026-00818, firmado por el director adjunto principal Aaron Lukas. Da treinta días a los organismos de la comunidad de inteligencia para designar un enlace con PURSUE y cubre las revelaciones hechas a representantes designados de AARO o del grupo de trabajo PURSUE.
Cuando alguien te levanta una prohibición y a la vez te señala la puerta por la que tienes que pasar, te ha dado la puerta, y la llave no.
De ese memorando no he encontrado copia en ningún portal oficial. La que circula la publicó el periodista espacial Douglas Messier en su boletín el 2 de agosto, y el análisis de un despacho de abogados internacional la glosa con la misma referencia y el mismo firmante. Dos fuentes independientes que dicen lo mismo del mismo papel. No es un documento primario en mis manos, y lo marco como lo que es.
Y un detalle que dice bastante del aparato: el portal donde el departamento publica las tandas de ficheros, war.gov/UFO, no menciona la renuncia. En la copia archivada del 4 de octubre no aparece la palabra waiver, ni NDA, ni ninguna indicación de cómo se localiza a un representante de PURSUE. Lo único que hay para quien quiera reportar algo es un enlace que dice «Visit AARO.mil». Guárdate ese enlace, que vuelve enseguida.
La ley crea el canal y el escudo
La sección 1673 de la ley de defensa para 2023 ordena montar un mecanismo seguro de reporte y protege a quien lo use. Hoy es el 50 U.S.C. 3373b.
Fuente ↗AARO abre la ventanilla
La oficina anuncia el canal para personal actual y antiguo del Gobierno con conocimiento directo de programas UAP desde 1945.
Fuente ↗El empujón presidencial
El portal del departamento fecha aquí el mensaje en el que el presidente anuncia que ordenará identificar y liberar archivos sobre UAP.
Fuente ↗Primera tanda de PURSUE
Arrancan las entregas de ficheros en war.gov/UFO, que el propio portal describe como casos no resueltos.
Fuente ↗El memorando de la ODNI
«Preliminary Guidance for Implementation of NDA Waivers», ES 2026-00818: treinta días para designar enlace con PURSUE.
Fuente ↗La renuncia del Departamento de Guerra
Levanta las cláusulas civiles y administrativas de NDA y SAPIA, estrictamente para hablar con PURSUE.
Fuente ↗Sexta tanda
Cuatro días después de la renuncia llega la sexta entrega de ficheros.
Fuente ↗Se cierra el ejercicio fiscal 2026
La ley pedía informar al Congreso sobre los acuerdos de confidencialidad una vez por ejercicio «hasta el ejercicio fiscal 2026». Ese plazo se acabó.
Fuente ↗Sin séptima tanda
A día de hoy el portal sigue anunciando la sexta como la última.
Fuente ↗Lo que la ley ya daba desde diciembre de 2022
Aquí es donde la nota se queda pequeña. El 23 de diciembre de 2022 se firmó la ley de defensa para 2023, y su sección 1673 es hoy el artículo 3373b del título 50 del Código de los Estados Unidos. Ese artículo ordena al secretario de Defensa montar un mecanismo seguro para que cualquiera pueda reportar dos cosas: un episodio de fenómeno anómalo, y cualquier programa o actividad del Gobierno o de un contratista relacionado con ellos, incluida la recuperación de material, su análisis y la ingeniería inversa.
Y a continuación hace algo que una nota de prensa no puede hacer. Dice que una revelación autorizada, y cito, «no estará sujeta a ningún acuerdo de confidencialidad suscrito por la persona que la hace», que «se considerará conforme a cualquier reglamento u orden dictado al amparo de la orden ejecutiva 13526 o del capítulo 18 de la Ley de Energía Atómica de 1954», y que «no constituye una infracción del artículo 798 del título 18 ni de ninguna otra disposición legal relativa a la revelación de información».
Lee otra vez esa tercera pata. El artículo 798 del título 18 es derecho penal: revelación de información criptográfica y de inteligencia de comunicaciones. La Ley de Energía Atómica también tiene dientes penales. La ley de 2022 cubre eso. La nota del 14 de septiembre de 2026 no lo menciona ni de lejos: se queda, literalmente, en lo civil y lo administrativo.
La ley trae además una cláusula que la nota tampoco tiene. Prohíbe las represalias: nadie con autoridad para tomar o recomendar una medida de personal puede usarla contra quien haga una revelación autorizada, «incluida la revocación o suspensión de las habilitaciones de seguridad o el despido». Justo los dos miedos que la nota del departamento reconoce que existen, y que resuelve dejando de nombrarlos.
El escudo de la ley está atado a la ventanilla de AARO
Falta el detalle que lo ata todo, y está en las definiciones. El artículo define «revelación autorizada» como un reporte hecho «a través del mecanismo de reporte autorizado establecido conforme al apartado (a)(1), y en cumplimiento de este». Y define «la Oficina» como AARO.
Es decir: el escudo de la ley no cuelga de la buena voluntad de nadie. Cuelga de haber usado el canal de AARO, que lleva abierto desde el 31 de octubre de 2023 y admite a personal actual y antiguo del Gobierno con conocimiento directo de programas relacionados con UAP desde 1945. Esa es la ventanilla con ley detrás.
Conviene decir qué es dato y qué es lectura mía. Dato: los dos textos dicen lo que acabo de citar, y cualquiera puede comprobarlo en el enlace. Lectura mía: una renuncia que se queda en lo civil y administrativo da menos cobertura que un artículo del Código que declara que no hay infracción penal. No es una opinión caprichosa, pero es una lectura, y la firmo como tal.
Hay una pregunta que con el material público no se puede responder, y es justo la que le importa a quien tenga algo que contar: si una declaración hecha a PURSUE cuenta como «revelación autorizada» a efectos de la ley. PURSUE no aparece en el artículo 3373b, que es de 2022 y nombra a AARO.
El memorando de la ODNI trata a las dos como vías equivalentes. Pero un memorando no modifica una ley, y ni la nota del departamento ni el portal explican cómo encajan las dos puertas. Quien me diga que la respuesta está clara, que me enseñe el párrafo.
- Ninguna ley penal, ni el artículo 798 del título 18.
- La Ley de Energía Atómica, que la ley de 2022 sí cubre.
- La propia ley de 2022, ni su número, ni AARO.
- El Congreso y sus comités, que son el otro destinatario legítimo clásico.
- La prensa, que es la vía por la que esto se ha sabido siempre.
- La represalia, la habilitación de seguridad y el despido como consecuencias prohibidas.
- Cómo se localiza a un representante oficial de PURSUE.
- Quién firma la renuncia y con qué número de documento.
Lo que la nota no dice, comprobado línea a línea
Esa lista no la he deducido: la he contado sobre el texto completo de la nota, que son cinco párrafos y menos de trescientas palabras. Lo digo porque en esta casa una afirmación por ausencia hay que fecharla y comprobarla, y ya nos ha salido mal alguna vez. Aquí la ausencia es la del 14 de septiembre de 2026, en el texto tal como se publicó y se archivó.
La más gorda es la penal. Nadie que haya firmado un acuerdo de adoctrinamiento de un programa de acceso especial teme sobre todo una demanda civil: teme la habilitación y teme el juzgado. El departamento ha levantado lo primero y ha callado sobre lo segundo, y no hay en la nota ninguna promesa de que la fiscalía no vaya a actuar. Puede que no haga falta decirlo porque la ley ya lo cubre. También puede que haga falta precisamente por eso.
La segunda es de infraestructura. Si mañana un antiguo contratista decide que quiere contar lo que vio, el camino que le ofrece este papel es «habla con un representante oficial de PURSUE», y el portal del programa no dice quién es, ni dónde, ni con qué formulario. Sí dice, en cambio, «visita AARO.mil», que es el canal que montó el Congreso. Los papeles empujan hacia la ventanilla de la ley, y el titular empuja hacia la ventanilla nueva.
La tercera es la frase que llevo tres semanas mirando sin entenderla del todo: los acuerdos cubiertos son los «previamente suscritos dentro de los Estados Unidos». No sé qué deja fuera eso. Un acuerdo firmado en una base en el extranjero, por ejemplo, podría quedar al otro lado de esa coma. Puede ser pura fórmula de abogado del departamento. No voy a fingir que lo sé.
La cuarta es de la ley y no de la nota, y me parece la más fea de todas. El artículo 3373b obliga a buscar y entregar los propios acuerdos de confidencialidad firmados sobre este asunto, y a informar al Congreso «una vez por cada ejercicio fiscal hasta el ejercicio fiscal 2026».
El ejercicio fiscal 2026 se cerró el 30 de septiembre. Hace cinco días. Si nadie lo prorroga, la obligación periódica de contarle al Congreso cuántas bocas se cerraron y con qué papel acaba de caducar, y lo hace en el mismo mes en que el departamento presume de transparencia. Si alguna de esas sesiones se celebró, no es pública: son informes a comités, así que no puedo decir si las cuatro se hicieron.
Lo que puede ser, sin necesidad de conspiración de guardarropía
Antes de que alguien monte una teoría con esto, las explicaciones aburridas, que son las que casi siempre ganan. Las tres me parecen compatibles entre sí, y ninguna requiere que haya nadie escondiendo un platillo.
Cinturón y tirantes
La hipótesis más sencilla es que el departamento no esté dando nada nuevo, sino repitiendo con su propia firma lo que ya decía la ley, porque un funcionario asustado no se tranquiliza con una cita del Código: se tranquiliza con un papel de su casa. En ese caso la renuncia es redundante a propósito y su alcance corto no significa nada, porque el escudo largo sigue estando en la ley. Es una explicación buena, y tiene un agujero: si fuera eso, mencionar la ley costaba una línea.
PURSUE no es AARO, y necesitaba cobertura propia
La segunda es casi administrativa. El escudo de 2022 está atado al canal de AARO por definición, y PURSUE es un montaje posterior que vive en otro sitio del organigrama. Si quieres que la gente le hable al equipo nuevo y no a la oficina vieja, tienes que fabricarle al equipo nuevo su propio permiso, y lo único que un departamento puede levantar por su cuenta son sus propios contratos: lo civil y lo administrativo. Esta explicación encaja con el texto palabra por palabra.
Un gesto con calendario
La tercera mira las fechas. La renuncia llega el lunes 14 y la sexta tanda de ficheros el viernes 18, cuatro días después. No sé si una cosa se preparó para la otra y no voy a decir que sí, pero el efecto es el que es: una semana con dos titulares de transparencia, y luego un silencio de tres semanas en el que la séptima tanda no ha llegado. A 5 de octubre el portal sigue anunciando la sexta como la última.
Por qué esto importa más que una tanda de ficheros
El cuello de botella de este asunto son las personas vivas que firmaron algo, más que los documentos antiguos. Los ficheros que se publican en war.gov son, por definición del propio portal, casos no resueltos, material que el Gobierno no sabe explicar. Lo que podría cambiar el estado de la cuestión es alguien con nombre contando de dónde salió, bajo una protección que aguante un juzgado, y otro vídeo infrarrojo de 1998 no lo haría.
Ahí llevamos un rato dando vueltas. La ley de 2023 que iba a montar un sistema de desclasificación completo acabó sin dientes, y lo contamos en el expediente de la UAP Disclosure Act. El informe anual de AARO, que es la otra pata del aparato, lo leímos de arriba abajo en esta lectura crítica, y lo que más se le nota es lo que no entra en su definición de caso. El fallo está en el diseño, y la voluntad no es el problema.
El historial tampoco ayuda a tragarse los titulares de golpe. El que se fue del Pentágono diciendo que había un programa y una revisión previa de publicaciones tiene su propio expediente en la salida de Luis Elizondo. El que llegó al Congreso en 2023 y acaba de volver a un pódcast con relatos más gruesos y las mismas lagunas está en lo que hay de nuevo en Grusch y en su ficha. Ninguno de los dos necesitaba un permiso para hablar: necesitaban un documento, y ahí seguimos.
Si te parece exótico, mira lo que hicimos aquí. El Ejército del Aire desclasificó sus expedientes entre 1992 y 1999, los firmó un general con nombre y apellidos y hoy se pueden pedir y leer, con sus tachones y sus croquis a lápiz. Lo contamos en la desclasificación del Ejército del Aire y en el proceso de 1992 a 1999. No fue perfecto ni rápido. Pero no hubo que montar un acrónimo nuevo cada dos meses.
Qué habría que ver para que esto cuente
Mi apuesta, y es apuesta: esto se juzgará por una sola cosa, y el número de ficheros publicados no será. Será si alguien declara con nombre ante PURSUE, sale en el boletín oficial del asunto y no le pasa nada. Hasta entonces, lo que tenemos es una nota de cinco párrafos que levanta la parte más barata de un contrato y deja la parte caria donde estaba.
El negro del rotulador tapa. Esto es otra cosa: aquí no han tapado nada, han puesto una puerta y la han pintado de cristal. Yo quiero saber quién está al otro lado, y a 5 de octubre de 2026 el portal no me lo dice.
OSINT – Trazabilidad de fuentes
Las citas del documento se toman de la copia archivada porque war.gov devuelve 403 a un cliente automatizado, bloqueo de robots habitual en los .gov. Las afirmaciones por ausencia (no se menciona el derecho penal, la prensa, el Congreso ni la represalia) se han comprobado sobre el texto completo de la nota, no sobre un resumen. La lectura comparativa entre la renuncia y la ley se marca en el cuerpo como interpretación propia. No se cita el memorando de la ODNI como documento primario.