El Disclosure Project de 2001: veinte testigos una sala prestada y ninguna audiencia

El 9 de mayo de 2001, en la sala de actos del National Press Club de Washington, veintiuna personas se sentaron ante los micrófonos para contar, una detrás de otra, lo que decían haber visto durante sus años de servicio en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la administración de aviación civil y en la industria de defensa. Había militares retirados, un controlador aéreo de alto rango, técnicos de fotografía, un abogado constitucionalista. Era, en formato y en decorado, una comparecencia. Lo único que faltaba era la comisión.

Aquello se llamó el Disclosure Project y lo organizaba Steven M. Greer, médico de urgencias reconvertido en activista, que llevaba desde 1990 al frente de una organización dedicada a promover el contacto. La petición era concreta y, en principio, razonable: que el Congreso de Estados Unidos abriera audiencias formales sobre el asunto y concediera inmunidad a quienes quisieran declarar bajo juramento sin arriesgar su pensión o su libertad.

Veinticinco años después toca hacer el balance, y voy a hacerlo con la incomodidad que merece: este acto es a la vez el antecedente más citado de todo lo que ha venido después y el argumento más sólido contra el método que lo inspiró.

Lo verificable, primero

El acto existió, está grabado íntegramente y se puede ver hoy. Eso no es poca cosa: a diferencia de otros episodios de este sector, aquí no hay que fiarse del relato de nadie sobre lo que se dijo. Se dijo delante de cámaras, en un local que es la casa de la prensa de Washington, y quedó registrado.

También es verificable la identidad y la trayectoria de buena parte de los comparecientes. Robert Salas fue oficial de lanzamiento de misiles en Malmstrom. John Callahan ocupó una jefatura de división en la administración federal de aviación. Karl Wolfe fue suboficial de la Fuerza Aérea especializado en equipos fotográficos de precisión. Clifford Stone tuvo una carrera larga en el Ejército. Daniel Sheehan es un abogado con un historial procesal considerable a sus espaldas. No estamos ante un desfile de figurantes: son personas con biografías comprobables.

Y es verificable el resultado. No hubo audiencias. Ni ese año, ni el siguiente, ni en la década siguiente. Cuatro meses después de la rueda de prensa, la agenda política estadounidense se reorganizó por completo por razones que todos conocemos, y el asunto desapareció del radar institucional durante mucho tiempo. Cuando el Congreso terminó abriendo audiencias sobre el fenómeno, en 2023, lo hizo por un camino completamente distinto.

Conviene entender qué es exactamente el sitio elegido, porque forma parte del mensaje. El National Press Club no es una institución pública ni tiene función alguna en el procedimiento parlamentario: es una asociación profesional de periodistas que alquila sus salas. Celebrar allí una comparecencia no confiere valor legal a nada de lo que se diga. Lo que confiere es imagen: atril, banderas, moqueta y un fondo que en televisión se parece muchísimo a una sala del Capitolio. Esa elección de decorado es deliberada y explica buena parte del recorrido posterior del acto, para bien y para mal.

Lo que se cuenta que ocurrió

La tesis del proyecto era sencilla y tenía fuerza retórica: existe una masa crítica de testigos con credenciales, muchos de ellos con acceso a información clasificada, dispuestos a declarar bajo juramento. Si el Congreso los convoca, el asunto se resuelve solo. Lo que hace falta no es más investigación: es un estrado y una promesa de inmunidad.

Sobre esa tesis se montó todo el aparato del acto. El énfasis no estaba en ningún documento concreto, ni en ninguna medición, ni en ninguna pieza física. Estaba en el número. La palabra que más se repitió aquel día, en una forma u otra, fue «testigos». Y ahí es exactamente donde hay que poner el foco, porque es el punto que decide si el método funciona o no.

Cien testimonios sin verificar no son cien pruebas. Son un solo problema repetido cien veces.

Hay que reconocerle al planteamiento una intuición correcta: el obstáculo que describía era real. Una persona con habilitación de seguridad no puede contar lo que sabe aunque quiera. No es una cuestión de valentía personal, es que la revelación de información clasificada está tipificada, la habilitación se firma con nombre y apellidos, y las consecuencias van desde la pérdida de la pensión hasta el proceso penal. Pedir inmunidad no era una excentricidad de activista. Era, técnicamente, la única puerta.

El problema es que esa puerta no la abre una rueda de prensa. La abre una comisión con competencia sobre la materia, actuando por sus cauces, y normalmente a instancia de alguien que ya ha entrado en el sistema por la vía reglamentaria. En 2001 nadie había hecho ese recorrido previo. Se llamó desde fuera, con el timbre de los medios, y desde dentro no abrió nadie.

Lo que puede ser, sin necesidad de marcianos

El testimonio no se suma, se multiplica por cero

Este es el fallo de diseño, y es un fallo aritmético antes que ideológico. Si usted tiene cien testimonios y cada uno vale, digamos, un cinco por ciento de fiabilidad probatoria por sí solo, la tentación es pensar que juntos suman algo. No suman, si son independientes entre sí y no se corroboran mutuamente en detalles comprobables. Lo que aumenta con el número no es la certeza: es la impresión de certeza.

Para que un conjunto de testimonios pese de verdad hacen falta dos cosas que aquí no se dieron. La primera, que converjan en particulares específicos que no puedan explicarse por contagio cultural: un detalle raro, una hora exacta, una signatura. La segunda, que cada uno resista por separado una verificación externa —hoja de servicios, registro de la unidad, documento contemporáneo—. Sin eso, agregar testimonios es hacer más ruido, no más señal.

Ni un papel, y eso es una decisión

Lo que más me llama la atención, releyendo aquello, es lo que no se llevó a la sala. Ni un documento desclasificado por acceso a la información, ni un registro de radar, ni un historial de unidad, ni una fotografía con cadena de custodia. Es especialmente sangrante porque algunos de los comparecientes sí tenían material documental detrás: el episodio del vuelo japonés sobre Alaska que relató John Callahan está respaldado por un expediente completo de la administración de aviación, con cintas de voz y datos de radar. Ese expediente existe. Ese día no fue el protagonista.

Y esa elección tiene consecuencias. Un comité del Congreso no se mueve por emoción; se mueve por algo que un asesor pueda meter en una carpeta y defender ante su jefe. Una carpeta con veinte relatos personales y ningún papel es, para un despacho de Washington, una carpeta que se devuelve.

Lo que vino después contamina lo anterior

Hay que decirlo aunque duela, porque afecta directamente a la credibilidad de todo el proyecto. En 2013 Greer presentó un documental cuyo elemento estrella era un esqueleto diminuto hallado en el desierto de Atacama, difundido como posible resto de origen no humano. En 2018 un estudio de secuenciación completa del genoma zanjó el asunto: se trataba de un individuo humano, femenino, con un conjunto llamativo de mutaciones asociadas a displasias esqueléticas. Un caso médico raro y triste, no un visitante.

Añádase la promoción, durante décadas, de protocolos de contacto grupal basados en meditación, con excursiones nocturnas y avistamientos autoconfirmados. Uno puede pensar lo que quiera de eso, pero es incompatible con la postura de exigir al Estado un estándar probatorio riguroso. No se puede pedir cadena de custodia con una mano y ofrecer intuición colectiva con la otra.

La vía que sí funcionaba estaba en el reglamento

Y aquí viene lo que a mí más me interesa de todo este expediente, que es una lección de procedimiento administrativo. Existía ya en 2001 un cauce legal para que personal con acceso a información clasificada trasladara a las comisiones de inteligencia del Congreso asuntos de interés urgente: se presenta el caso ante el inspector general del organismo correspondiente, este lo evalúa, y si lo considera creíble y urgente lo remite a las comisiones. Es lento, es tedioso y es burocracia pura. También es lo único que produce papel con membrete.

Veintidós años después, ese fue exactamente el camino recorrido. Una denuncia interna presentada por los cauces establecidos, evaluada por un inspector general, remitida a las comisiones competentes y convertida después en comparecencia pública con taquígrafos. No hizo falta una inmunidad excepcional ni una ley nueva: hizo falta rellenar los impresos correctos en el orden correcto. Muchísimo menos épico. Infinitamente más eficaz.

Por qué este caso no se muere

Porque el formato triunfó aunque el contenido fracasara. Todo lo que ha ocurrido después —las comparecencias, los paneles, el uso de la sala de prensa como sustituto del estrado judicial— nació en aquella sala. Cuando en 2023 el Congreso celebró por fin la audiencia sobre el fenómeno, la escenografía era reconocible: testigos con credenciales militares, petición de protección legal, apelación al derecho del público a saber.

Pero la diferencia de fondo es la lección de este expediente, y merece subrayarse. Las audiencias de 2023 no llegaron por acumulación de testimonios: llegaron por un procedimiento administrativo, una denuncia interna tramitada por la vía reglamentaria, un organismo creado por el propio Pentágono y un puñado de vídeos cuya autenticidad tuvo que reconocer la Armada. Es decir, llegaron por papeles. Exactamente lo que en 2001 no se puso encima de la mesa.

No se muere, además, porque varios de aquellos comparecientes siguen siendo hoy piezas centrales del debate y merecen ser evaluados uno a uno, no en bloque. Es lo que vamos a hacer en este sector: el caso de John Callahan tiene detrás un expediente oficial y no se parece en nada al de Karl Wolfe, y ninguno de los dos se parece al de Clifford Stone. Meterlos en el mismo saco por haber compartido estrado un martes de 2001 es un favor flaco a los tres.

Y no se muere porque planteó una pregunta que sigue sin respuesta: qué hacer con un antiguo servidor público que quiere hablar y no puede. La inmunidad que se pedía en 2001 sigue sin existir en la forma que se pedía. Lo que hay ahora es un canal de comunicación interno y unas cláusulas de protección al denunciante. Es más de lo que había. Es bastante menos de lo que se reclamaba.

Y no se muere por una razón menos noble: porque es enormemente citable. Un acto grabado, con veinte caras serias y credenciales militares de verdad, es material audiovisual perfecto. Cada documental del género lo reutiliza, cada hilo lo enlaza, y en el reciclado se ha ido perdiendo el matiz de lo que ocurrió realmente aquel martes, que fue una petición desatendida. En el imaginario colectivo ha quedado convertido en una revelación. Fue una solicitud de audiencia que nadie tramitó.

Queda la fotografía de aquel día: una fila de hombres con la ropa buena puesta, esperando su turno ante un micrófono, en una sala prestada. Habían venido a declarar ante un tribunal que no existía. Y se marcharon a casa sin que nadie les tomara juramento.