La salida de Luis Elizondo del Pentágono: qué dice el papeleo y qué calla

Hay un tipo de expediente que a mí me interesa más que ningún otro, y es este: aquel en el que no hace falta discutir si algo voló. Aquí no vuela nada. Aquí hay un señor que trabajaba en un edificio de Virginia, una carta de dimisión, unos portavoces que se contradicen entre sí a lo largo de seis años, un informe de un inspector general, otro de un organismo creado a propósito y un libro que pasó por la oficina de revisión previa del propio ministerio. Papel contra relato. Mi terreno favorito.

Porque el caso de Luis Elizondo tiene una particularidad que lo hace distinto de todo lo anterior de este sector. Los demás testigos afirman haber visto algo. Él afirma haber gestionado algo. Y eso, a diferencia de una luz en el cielo, deja huella burocrática por definición: organigramas, correos, autorizaciones, líneas presupuestarias, firmas. Un programa no es una experiencia: es una estructura administrativa. Y las estructuras administrativas se pueden auditar.

Vamos a mirar el papeleo, entonces. Sin entusiasmo y sin inquina, que en este asunto ambas cosas se cotizan al alza y ninguna sirve para nada.

Lo verificable, primero

Empecemos por lo sólido, que es más de lo que suele reconocerse. Luis Elizondo trabajó para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el ámbito de la contrainteligencia y la seguridad, y estuvo destinado en la subsecretaría de Defensa para Inteligencia. Presentó su dimisión en octubre de 2017 mediante una carta dirigida al entonces secretario de Defensa, un documento que se hizo público y que se puede leer. En ella exponía su frustración por la falta de atención que, a su juicio, se prestaba a un asunto de seguridad aérea.

Pocos días después se incorporó a una compañía privada fundada por un músico, un físico y varios antiguos cargos de la administración, que se presentó públicamente aquel mismo octubre. Y en diciembre de 2017 apareció en un diario de Nueva York el artículo que lo cambió todo: la revelación de la existencia de un programa del Pentágono dedicado a fenómenos aéreos no identificados, acompañado de material de vídeo procedente de sensores militares. Elizondo figuraba en ese reportaje como el hombre que había dirigido el programa.

Es verificable, por último, que el propio Departamento de Defensa confirmó públicamente en 2019 que el programa había existido y que se había ocupado de investigar fenómenos aéreos no identificados. Eso lo dijo un portavoz oficial, con nombre, a la prensa. No es una filtración ni una inferencia.

Y ahora la parte incómoda, que es igual de verificable. Ese mismo departamento, por boca de otros portavoces y en años sucesivos, sostuvo que Elizondo no tenía responsabilidades asignadas en relación con ese programa. Las dos posiciones proceden del mismo ministerio, se emitieron con pocos meses de diferencia y nunca se han conciliado públicamente.

Lo que se cuenta que ocurrió

La versión de Elizondo, sostenida desde finales de 2017, viene a ser esta: dirigió dentro del Departamento de Defensa un esfuerzo dedicado a analizar incursiones de objetos no identificados en espacio aéreo militar; ese esfuerzo carecía de apoyo institucional y de financiación adecuada; encontró resistencia interna y estigma; y dimitió para poder alertar públicamente del problema desde fuera, entendiendo que era una cuestión de seguridad nacional que se estaba desatendiendo.

La versión de la administración es más difícil de resumir porque no es una sola. En un momento reconoce el programa. En otro niega la vinculación de Elizondo con él. En otro, a través de su organismo especializado, sostiene que ese programa no tenía asignada la misión que se le atribuye. Y mientras tanto autoriza, por la vía de la revisión previa de seguridad, la publicación de un libro escrito por la persona cuya vinculación niega.

Cuando un ministerio dice tres cosas distintas sobre el mismo funcionario en seis años, el problema deja de ser el funcionario.

Ese último punto es el que más me interesa y el que menos se comenta. La revisión previa de seguridad es un trámite real, con oficina propia, por el que pasa obligatoriamente todo lo que un antiguo cargo con acceso a información clasificada quiere publicar. Su función es tachar lo que no puede salir. Que un manuscrito supere ese trámite no significa que el ministerio avale su contenido —conviene decirlo bien claro, porque se malinterpreta constantemente—, pero sí significa que el ministerio ha leído el texto y ha decidido qué se quedaba dentro. Eso es una relación administrativa, no una fantasía.

Lo que puede ser, sin necesidad de marcianos

La diferencia entre dirigir y ocuparse

Esta es, probablemente, la explicación más económica de toda la contradicción, y no requiere que nadie mienta. En una organización enorme, un asunto puede tener un titular formal y una persona que en la práctica lo lleva. El programa podía tener una adscripción presupuestaria en un sitio, un responsable nominal en otro y un funcionario que se ocupaba del día a día en un tercero. Preguntado el ministerio si esa persona «dirigía el programa», la respuesta literal según el organigrama puede ser perfectamente que no, mientras la respuesta práctica es que sí.

Añádase que el propio programa cambió de forma, de nombre y de dependencia a lo largo de los años, absorbiendo y desprendiéndose de tareas. Preguntar «¿existió tal programa y quién lo dirigía?» a una burocracia de ese tamaño es garantía de obtener respuestas distintas según a qué oficina se pregunte y en qué año.

Un ministerio protegiéndose a sí mismo

Hipótesis número dos, igual de terrenal. Cuando el asunto se volvió mediáticamente incómodo, la reacción institucional previsible no es mentir: es minimizar. Se responde a la pregunta más estrecha posible, se evita cualquier formulación que pueda interpretarse como validación, y se desplaza la respuesta a la persona en lugar de al programa, porque negar la relevancia de un individuo es mucho más barato que explicar una línea presupuestaria.

El coste de esa estrategia lo estamos pagando todos, y es alto: cuando un ministerio da tres versiones distintas sobre el mismo asunto, deja de ser una fuente utilizable. Y en el vacío que deja crece exactamente lo que decía querer evitar.

Y qué dice el informe histórico, sin adornos

El primer volumen del informe histórico publicado en marzo de 2024 por el organismo especializado del Pentágono es el documento más desfavorable para la versión de Elizondo, y hay que decirlo sin rodeos. Sostiene que el programa no tenía asignada oficialmente la investigación de estos fenómenos y afirma no haber encontrado evidencia de programas de recuperación o ingeniería inversa de tecnología no humana. Lo analizamos en detalle en su propio expediente y en la ficha del documento.

Ahora bien, hay que leerlo con la misma frialdad con la que leemos todo lo demás. Es un informe elaborado por un organismo del propio Departamento de Defensa sobre la actuación del Departamento de Defensa. Eso no lo invalida, pero sí obliga a registrar quién lo firma. Y conviene recordar que el inspector general del propio ministerio, el año anterior, había concluido que la gestión de este asunto carecía de un enfoque coherente. Un ministerio que se autoevalúa después de que su propio inspector le haya afeado el desorden no es la fuente definitiva sobre su propio desorden.

Qué se puede pedir y qué no

Una nota práctica para quien quiera comprobar esto por su cuenta, porque el caso lo permite mejor de lo que parece. Los organigramas de la subsecretaría, las líneas presupuestarias asociadas y los contratos derivados son, en principio, susceptibles de solicitud por la vía del acceso a la información. Los correos internos también, con tachaduras. Lo que no se puede obtener jamás es la habilitación de seguridad de una persona ni el contenido de un programa clasificado, y quien prometa lo contrario está vendiendo humo.

Eso significa que la pregunta comprobable no es «¿tenía acceso a tal cosa?», que carece de respuesta pública posible, sino «¿aparece su nombre en la traza administrativa del programa?». Es una pregunta más pequeña y muchísimo más útil. Hasta donde alcanza esta casa, nadie la ha respondido todavía con la documentación completa encima de la mesa. Mientras eso no ocurra, el expediente se queda exactamente donde está.

Por qué este caso no se muere

Porque es el punto de bisagra de todo lo moderno. Antes de diciembre de 2017, este asunto era folclore en la conversación pública. Después, es una cuestión de la que se ocupan comisiones parlamentarias, se crean organismos y se legisla. Guste o no guste lo que uno piense de Elizondo, esa frontera existe y él está justo encima de ella. Sin ese artículo y sin los vídeos de la Armada que lo acompañaban, no hay ley de 2023, no hay organismo especializado y no hay audiencias.

No se muere, además, porque la contradicción institucional sigue sin resolverse y nadie la va a resolver ya. No habrá un comunicado conciliando las versiones de 2019 y 2021. No habrá una aclaración sobre el organigrama. Esas cosas se quedan así, y el investigador que venga dentro de veinte años se encontrará el mismo lío que nos encontramos nosotros, con la diferencia de que para entonces la mitad de los protagonistas habrá muerto.

Y no se muere porque plantea la pregunta de método que recorre este sector entero, ya formulada en el caso de Clifford Stone: cómo se verifica lo que alguien dice haber hecho dentro de una institución. Con Elizondo el resultado es intermedio y honesto. El marco se verifica: existió, trabajó allí, dimitió, el programa era real, su libro pasó por la censura previa. El contenido no: qué hizo exactamente, con qué mandato y con qué resultados sigue sin acreditarse, y el informe oficial más reciente apunta en su contra.

Una última cosa, que es de higiene mental. Hay dos jaulas en este asunto y ambas son cómodas. La jaula del «todo lo que dice el Pentágono es mentira, luego Elizondo tiene razón». Y la jaula del «lo desmintió un portavoz, luego es un farsante». Las dos ahorran el trabajo de leer los documentos, que es exactamente por lo que resultan tan populares. Aquí no vamos a entrar en ninguna de las dos, aunque se esté mucho más calentito dentro.

Una carta de dimisión, dos portavoces que no se ponen de acuerdo, un inspector general que dice que aquello era un desorden y un informe de la casa que se autoevalúa. Todo eso es papel del Estado, y todo eso se contradice. Al final, la lección de este expediente no va sobre lo que hay en el cielo. Va sobre lo poco que se puede construir encima de un ministerio que no ha decidido qué versión es la suya.