La UAP Disclosure Act: cómo se mata una ley de transparencia sin votar en contra

Amigos, hoy no hay luces. Hoy hay una ley. Y les prometo que es más emocionante, porque las luces se van y las leyes se quedan escritas con el nombre de quien las tachó.

En julio de 2023, el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos —Chuck Schumer, que no es precisamente un aficionado a los platillos— presentó junto al senador Mike Rounds una enmienda a la ley anual de defensa. La llamaron UAP Disclosure Act. Y no era una declaración de intenciones: era un mecanismo, copiado casi línea por línea de una ley que ya había funcionado antes, la que en 1992 obligó a desclasificar los archivos del asesinato de Kennedy.

Cinco meses después, aquello llegó a la firma del presidente convertido en un pellejo. Vamos a ver quién le quitó la carne.

Vengo a lo mío: qué decía el texto original

Aquí es donde hay que leer despacio, porque la gracia de esta ley no estaba en lo que afirmaba sobre el fenómeno —no afirmaba nada— sino en la maquinaria que montaba.

La enmienda de Schumer y Rounds hacía cuatro cosas, y las cuatro son de fontanería administrativa pura:

• Invertía la carga de la prueba. Establecía una presunción de divulgación inmediata: todo documento relacionado con la materia se publica, salvo que la agencia justifique caso por caso por qué no. Hoy funciona al revés, y esa inversión lo es todo.
• Ponía un reloj. Fijaba un plazo de veinticinco años desde la creación del documento como umbral por defecto para la desclasificación automática.
• Creaba un árbitro externo. Una junta de revisión de nueve miembros, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, con autoridad para decidir qué se publica. Es decir: sacaba la decisión de manos de la propia agencia que guarda el documento.
• Y metía la mano en el patrimonio. Preveía la expropiación forzosa, en favor del Estado federal, de cualquier «tecnología recuperada de origen desconocido» y de cualquier «evidencia biológica de inteligencia no humana» que estuviera en manos privadas.

Ese último punto es el que hizo levantar cejas en medio mundo, y con razón. Un poder legislativo no expropia unicornios. Si el Senado de los Estados Unidos escribe en un texto legal el procedimiento para incautar material de origen no humano en manos de contratistas privados, o está haciendo teatro muy caro, o alguien le ha contado algo en una sala segura. Yo no sé cuál de las dos. Pero la pregunta es legítima y el texto está publicado.

Nadie redacta un procedimiento de expropiación para un bien que da por inexistente. O es teatro, o alguien ha oído algo. Las dos posibilidades son noticia.

Cómo se mata una ley sin votar en contra

Y ahora, la parte de la que casi nadie habla y que a mí me parece la única que importa de verdad. Porque aquí no hubo un debate a cara descubierta, ni un discurso épico, ni una votación en la que cada cual quedara retratado. Hubo algo mucho más eficaz: una comisión mixta de conferencia.

Funciona así. El Senado aprueba su versión de la ley de defensa. La Cámara aprueba la suya. Como no son idénticas, un grupo reducido de legisladores de ambas cámaras se encierra a conciliarlas. De ahí sale un texto único que después se vota en bloque, sin posibilidad de enmienda. Y en ese encierro, sin acta pública detallada de las discusiones, se decide qué párrafos sobreviven.

La UAP Disclosure Act entró en esa sala con junta de revisión y salió sin ella. Nadie votó en contra de la transparencia. Nadie tuvo que defender públicamente por qué le parecía mal un árbitro externo. Simplemente, el párrafo dejó de estar.

La información publicada en aquellos días atribuyó la oposición principal a mandos de los comités de inteligencia y de servicios armados de la Cámara de Representantes, y señaló de forma reiterada al entonces presidente del Comité de Inteligencia, el republicano Mike Turner. Lo consigno como lo que es: información periodística atribuida, no un acta. Si alguien tiene el acta, que la enseñe y la publico.

Por qué la junta de revisión era toda la ley

Voy a explicarlo con el ejemplo de 1992, que es el que demuestra que esto no es teoría.

Cuando el Congreso quiso desclasificar los archivos del asesinato de Kennedy, no se limitó a ordenar que se publicaran. Sabía perfectamente que ordenar a una agencia que publique sus propios secretos produce, invariablemente, dos resultados: retrasos infinitos y páginas negras. Así que creó un órgano externo, con miembros ajenos a las agencias, con acceso a los originales y con capacidad de decir «esto se publica» por encima de la opinión del custodio.

Y funcionó. Salieron millones de páginas. No porque las agencias se volvieran generosas, sino porque perdieron el poder de decidir.

Quitarle la junta a la UAP Disclosure Act es exactamente lo mismo que quitarle el árbitro a un partido y pedirle a los equipos que se pongan de acuerdo en los penaltis. Lo que queda —una colección en los Archivos Nacionales— es un armario. Un armario muy respetable, en un edificio muy respetable, cuyo contenido decide la misma gente que hasta ahora decidía. Cuando el Estado te promete transparencia, mira primero quién tiene la llave del archivador.

Un paréntesis necesario: qué es una ley de defensa y por qué todo acaba dentro

Voy a explicar un mecanismo que en España conocemos poco y que es la clave de por qué esta historia terminó como terminó.

La ley anual de autorización de la defensa estadounidense es un mamotreto de centenares de páginas que se aprueba todos los años sin falta desde hace más de seis décadas. Autoriza el gasto militar, los ascensos, las bases, los programas. Y precisamente por eso —porque tiene que aprobarse— se ha convertido en el vehículo favorito para colar cualquier cosa que por sí sola no pasaría el trámite. Es el autobús al que todo el mundo intenta subirse.

Eso tiene una ventaja y una trampa. La ventaja: una enmienda dentro de la ley de defensa viaja con una carga que nadie va a tumbar, porque tumbarla significaría dejar sin sueldo a las Fuerzas Armadas. La trampa, que es la que se comió a Schumer: cuando la enmienda viaja en un autobús que debe llegar, quien quiera bajarla solo tiene que sentarse en la comisión que decide qué asientos sobreviven. Y ahí no hace falta ganar una votación pública. Basta con no ceder.

En idioma Astro: la misma puerta que te permite entrar sin llamar es la que permite echarte sin explicaciones. Quien mete una reforma seria en la ley de defensa acepta, de entrada, que su reforma se decidirá en una habitación de la que no sale acta.

Y una comparación que duele: lo que hizo Francia y lo que hizo España

Porque conviene salir un momento de Washington, que aquí nos hemos acostumbrado a mirar solo hacia allí.

Francia no necesitó ninguna ley de desclasificación. Lo resolvió por la vía administrativa: una unidad dentro de la agencia espacial, con la obligación ordinaria de archivar, y una decisión de publicar el archivo en internet en 2007. Sin junta de revisión, sin expropiaciones, sin épica. Un director de servicio firmando una orden de publicación.

España tampoco necesitó una ley. La desclasificación del Ejército del Aire de los años noventa se hizo por decisión interna del propio Ministerio, expediente a expediente, con un oficial revisándolos uno por uno y con investigadores civiles insistiendo desde fuera. Tardó años, salió incompleta y funcionó.

La conclusión incómoda es esta: los dos casos europeos que sí han abierto archivos lo hicieron sin ley y sin drama, porque el material estaba en manos de organismos civiles o de un ministerio con voluntad de cerrar el asunto. En Estados Unidos hace falta una ley con junta de revisión porque el material —si existe— no está en un ministerio: estaría repartido entre agencias de inteligencia y contratistas privados. Y a un contratista privado no lo desclasifica una orden de servicio. Lo desclasifica un juez o una expropiación.

Por eso el párrafo de la expropiación era el corazón del texto y por eso fue el primero en caerse. No era el más extravagante. Era el único que mordía.

Sin necesidad de marcianos: tres explicaciones aburridas y probablemente ciertas

Porque aquí hay que hacer el ejercicio de siempre, y en materia legislativa el ejercicio es especialmente sano.

Uno: el reflejo institucional. Ninguna agencia de inteligencia del mundo acepta de buen grado un órgano externo con poder para publicar sus documentos por encima de su criterio. No hace falta que escondan naves. Basta con que escondan métodos, fuentes y capacidades, que es literalmente su trabajo. Un archivo sobre objetos no identificados está lleno de datos sobre cómo se detectaron, y ese cómo es el secreto de verdad.

Dos: el problema del contratista. La cláusula de expropiación afectaba a empresas privadas. Las empresas privadas del sector de defensa tienen despachos de relaciones institucionales muy competentes y llevan décadas financiando campañas. Uno no necesita una conspiración cósmica para entender por qué un párrafo que permite incautarles material desaparece en una comisión.

Y tres: el ridículo. Este es el más humano. Para un legislador con aspiraciones, quedar retratado defendiendo una ley sobre biología no humana es un riesgo reputacional considerable si al final no aparece nada. Es mucho más cómodo dejar que el párrafo se caiga solo en una sala sin taquígrafo.

Ninguna de las tres exige que haya algo guardado en un hangar. Y las tres explican perfectamente lo que pasó. Que es, por cierto, la misma conclusión a la que llegué revisando el informe histórico de AARO: el secretismo casi nunca protege un secreto, protege una carrera.

Qué vigilar a partir de ahora

Para quien quiera seguir esto en serio y no por titulares, tres indicadores que sí significan algo:

• El volumen transferido a los Archivos Nacionales. No los anuncios: las cajas. Un organismo que transfiere de verdad genera inventarios, y los inventarios se pueden pedir.
• Las exenciones alegadas. Cada vez que una agencia se niega a transferir algo, tiene que decir bajo qué causa. El catálogo de causas alegadas dice más sobre lo que hay que cualquier filtración.
• Si la junta de revisión vuelve. Es el único punto que importa. Mientras no haya árbitro externo, todo lo demás es decoración institucional.

Yo me quedo con una imagen. Un texto legal, aprobado por el Senado de los Estados Unidos, que describe cómo incautar tecnología de origen desconocido. Entró en una habitación con nueve miembros de junta y salió con un armario en los Archivos Nacionales. Nadie apretó un botón. El negro tapa, y a veces ni siquiera hace falta el rotulador: basta con no volver a escribir el párrafo.