La desclasificación OVNI española: cómo un funcionario de Valencia convenció al Ejército del Aire de abrir sus cajones

Casi todas las historias de este género van en la misma dirección: alguien quiere saber, el Estado se cierra, y la cosa acaba en filtración, en pleito o en nada. Esta va exactamente al revés. Aquí hay un señor de Valencia que redacta un informe, se lo entrega al Estado Mayor del Aire, y el Estado Mayor del Aire responde que sí.

Suena a chiste. Es la historia real de la única desclasificación completa, ordenada y verificable de archivos militares sobre fenómenos aéreos no identificados que se ha hecho en este país. Y su resultado, que es lo mejor de todo, no le gustó a nadie: ni a los que esperaban naves, ni a los que esperaban demostrar que todo era humo, ni a los militares que sospechaban que aquello iba a traerles ruido.

No vengo a decir que el Estado sea transparente. Vengo a contar el caso rarísimo en que, durante siete años, algo parecido a la transparencia funcionó en un ministerio español.

Cómo se abre un archivo militar sin romper nada

El movimiento decisivo es de marzo de 1991. Vicente-Juan Ballester Olmos, ingeniero de formación, funcionario de profesión y catalogador obsesivo por vocación, entrega al Estado Mayor del Aire un dosier documentado. Su argumento no es «la gente tiene derecho a saber», que es el argumento que nunca funciona con un militar. Su argumento es mucho más listo:

El argumento del dosier, resumido por la casa: estos países ya lo han hecho, a ninguno le ha pasado nada, y guardar esto bajo secreto no protege ningún interés de la defensa nacional. Solo alimenta la sospecha de que protege algo.

Es el razonamiento que un mando entiende: el secreto tiene coste reputacional y aquí no tiene beneficio operativo. En enero de 1992, la totalidad de los expedientes que estaban en el Estado Mayor del Cuartel General del Aire se transfieren al Mando Operativo Aéreo, con delegación escrita de autoridad para que se hiciera responsable de la gestión de la información sobre el asunto. Ese es el momento burocrático clave, y no ha salido en ningún documental.

A partir de ahí, el proceso funciona como funcionan las cosas en la Administración española: despacio, por lotes y con firmas. Cada expediente se estudia, se decide si su desclasificación afecta a intereses de la defensa, se levanta el secreto y se pone a disposición para consulta en la biblioteca del propio Ejército del Aire. Se tarda siete años. Nadie dimite, nadie filtra, nadie monta una rueda de prensa con una bandera detrás.

Qué había dentro

Aquí es donde el relato se rompe para todo el mundo. Porque lo que había dentro de las cajas era, mayoritariamente, esto: Venus.

El análisis del conjunto, hecho por el propio equipo asesor, reparte los 122 casos en tres bloques muy desiguales. En torno a cuatro de cada cinco casos tienen explicación convencional. Alrededor de un 13 % se quedan sin resolver por falta de datos, no por rareza. Y aproximadamente un 7 % (nueve casos) permanecen sin explicación satisfactoria. De esos nueve, Ballester Olmos ha escrito que siete admitirían todavía una explicación con más trabajo, dejando dos genuinamente atascados.

El desglose de causas es una lección de humildad perceptiva que debería enmarcarse:

• 37 casos: objetos aeroespaciales. Aviones, globos, reentradas, lanzamientos, restos orbitales.
• 35 casos: cuerpos astronómicos. Y de esos treinta y cinco, veinte fueron Venus. Veinte. Un planeta que lleva ahí desde antes de que existiéramos ha generado por sí solo un dieciséis por ciento del archivo OVNI militar español.
• 13 casos: causas de origen psicológico.
• 4 casos: fenómenos meteorológicos.
• 8 casos: causas diversas.

Cómo es un expediente español por dentro

Conviene bajar del concepto al papel, porque «expediente OVNI» suena a carpeta de película y es otra cosa bastante más entrañable.

Un expediente típico del fondo contiene: el parte inicial (una llamada, un radar, un piloto que informa), la orden de apertura de información, las declaraciones tomadas a los testigos, las comprobaciones solicitadas a otras unidades (posición de aeronaves, actividad de globos meteorológicos, efemérides astronómicas), a veces croquis dibujados a mano por los propios testigos, y las conclusiones del oficial instructor.

Ese oficial instructor, en la mayoría de los casos, era un juez informador designado al efecto: un militar de rango elevado que aplicaba a un avistamiento el mismo procedimiento reglado que a un accidente aéreo o a una falta disciplinaria. Toma declaración, ordena diligencias, propone conclusión. Es un rasgo muy español y muy poco conocido: aquí los OVNIs no los investigaba un departamento de ciencia rara, los investigaba un juez militar con carpeta.

Y el estilo es de una sequedad admirable. Ni una floritura. Cuando el instructor concluye que un testimonio no merece crédito, escribe que no cabe darle carta de credibilidad, que es la fórmula más elegante que se ha inventado para decir «este señor no vio lo que dice que vio». Cuando no encuentra explicación, lo pone. Sin dramatismo, sin insinuaciones y sin cerrar la puerta.

La numeración también es una pequeña joya de sentido común administrativo: la signatura es la fecha del suceso en formato AAMMDD. El caso de Manises es 791111 porque ocurrió el 11 de noviembre de 1979. El de Canarias es 760622. Se puede localizar un expediente sabiendo únicamente el día en que pasó. Los archiveros del Ejército del Aire merecen un aplauso que nadie les ha dado.

La bronca, que la hubo

Una desclasificación que termina diciendo «casi todo era Venus y aviones» tenía garantizada la acusación de amaño. Y llegó.

El sector partidario de la hipótesis extraterrestre, con J. J. Benítez como voz más audible, sostiene que los expedientes salieron mutilados: que faltan páginas, que se retiraron los casos buenos, que la propia elección del equipo asesor garantizaba un resultado escéptico. La acusación no es descabellada en abstracto: un proceso de desclasificación gestionado por la propia institución que clasificó los documentos siempre tiene ese flanco. Nadie audita al auditor.

La respuesta del otro lado es más incómoda de rebatir de lo que parece. Primero: los expedientes están ahí, cualquiera puede leerlos, y quien afirme que faltan páginas tiene la carga de señalar cuáles y por qué. Segundo: si el Ejército del Aire hubiera querido esconder algo, la maniobra más eficaz no habría sido desclasificar el ochenta por ciento del archivo, habría sido no desclasificar nada, que es lo que hacen normalmente los ministerios y no les pasa absolutamente nada. Tercero: la propia elección del criterio, publicar el material íntegro con su documentación de tramitación, permite ver los sellos, las fechas, las firmas y las cadenas de correspondencia. Eso es difícil de falsificar coherentemente a lo largo de 1.900 páginas.

Mi posición, para que no haya duda: creo que el proceso fue esencialmente honesto y creo también que no fue completo. Un archivo de expedientes gestionado por la sección de inteligencia de un mando aéreo no contiene todo lo que un mando aéreo sabe. Contiene lo que ese mando decidió tramitar como expediente. Son cosas distintas y la diferencia entre ambas es invisible desde fuera. Eso no es conspiración: es cómo funciona cualquier organización.

Lo que este proceso demuestra de verdad

Demuestra tres cosas que valen más que cualquier avistamiento.

1. Que el secreto se sostiene por inercia, no por contenido

Aquellos papeles llevaban décadas clasificados. Al abrirlos no se cayó ningún gobierno, no se comprometió ninguna capacidad militar, no hubo pánico. Se clasificaron porque era lo que se hacía con todo, y siguieron clasificados porque desclasificar exige que alguien firme y nadie quiere firmar. Es la ley de hierro de la burocracia: el silencio es la opción por defecto y no cuesta nada.

2. Que la mayoría de los casos se explican, y punto

Cuatro de cada cinco. No con hipótesis forzadas, sino con identificaciones concretas: este avión, este globo, este planeta, esta reentrada. Cualquiera que sostenga que «el ochenta por ciento de los casos son inexplicables» está hablando de un archivo que no existe.

3. Que sobra un residuo, y el residuo es lo interesante

Nueve casos. Un puñado. Y no son nueve casos con nave fotografiada, son nueve casos donde falta información y las hipótesis convencionales no encajan del todo. Ese residuo pequeño, obstinado y poco espectacular es el objeto real de estudio. Todo lo demás es ruido con buena prensa.

España, pionera por accidente

Aquí hay un titular que en este país no se ha aprovechado nunca: España fue de los primeros países europeos en abrir este tipo de documentación militar. Antes que Francia con su sistema estable de publicación, antes que el Reino Unido con la desclasificación masiva de sus ficheros del ministerio, antes que la mayoría.

Y lo hizo sin escándalo, sin ley de transparencia detrás (la española no llegó hasta 2013, veintiuna primaveras después) y sin que ningún medio grande le diera la importancia que tenía. Fue un movimiento interno, propuesto desde fuera y aceptado desde dentro, en una institución que no tenía absolutamente ninguna obligación de hacerlo.

¿Por qué salió bien? Mi hipótesis, que es solo mía: porque el asunto era lo bastante irrelevante para el mando y lo bastante irritante para la opinión pública. Ningún general iba a defender con su carrera el secreto de un expediente sobre unas luces en Albacete. Y todos estaban hartos de que cada dos años apareciera un libro diciendo que el Ejército del Aire escondía naves. Abrir era barato y quitaba de encima una molestia crónica. Las mejores decisiones de transparencia de la historia se han tomado casi siempre por cansancio, no por principios.

Una comparación que ordena bastante: mientras aquí se abrían los cajones, en Estados Unidos la GAO tenía que ir a buscar los archivos de Roswell y descubría que se habían destruido sin que constara quién lo había ordenado. Dos países, la misma década, dos maneras opuestas de tratar el papel. La española no era heroica. Era simplemente ordenada.

El giro de 2016: de la biblioteca al navegador

Durante casi veinte años, «desclasificado» en España significó una cosa muy concreta y bastante desalentadora: puedes ir a leerlo a la biblioteca. A la Biblioteca Central del Ejército del Aire, en Madrid, en horario de mañana, sentado en una sala. Que es exactamente lo mismo que decir que lo pueden leer treinta personas al año.

En octubre de 2016, el Ministerio de Defensa completó la digitalización y colgó los expedientes en la Biblioteca Virtual de Defensa, con licencia Creative Commons BY 4.0. Ese segundo paso, mucho menos glamuroso que el primero, es el que convirtió la desclasificación en algo real. Un archivo que no puedes consultar desde tu casa está, a efectos prácticos, cerrado.

Ahí están, con sus signaturas de seis cifras que son la propia fecha del suceso: 760622 para el episodio de Canarias, 791111 para Manises. Un sistema de numeración tan lógico que casi da vergüenza que haya tardado veinticuatro años en llegar a internet.

Seguir tirando del hilo

• Ficha del proceso como evento, con fechas y hitos.
• Vicente-Juan Ballester Olmos, el hombre del dosier.
• Manises 1979, el expediente estrella del fondo.
• Canarias 1976, el caso que sí tuvo explicación y de las buenas.
• El Estado profundo, para poner esto en contexto.